Antes se quemaba a las brujas únicamente porque se creía que lo eran, sin más prueba que la creencia misma. Hoy parece que la historia se invirtió: ahora son las brujas las que queman a los profesores. Y lo hacen solo porque son brujas, porque creen que con señalar les alcanza para denostar a alguien, y que la hoguera pública es un derecho que no necesita justificación. Simple y sencillamente cambiaron las antorchas por las redes sociales y los micrófonos, pero la lógica es la misma: la sospecha convertida en sentencia.
Habitualmente escribo sobre Moodle, sobre inteligencia artificial y sobre actividades para profesores o consejos técnicos para quienes trabajamos con tecnología . Hoy me aparto de esos temas, porque ahora que el profesor injustamente acusado por hacer su trabajo, al momento no se ha demostrado que sea culpable, ha sido restituido en sus actividades laborales por la gobernadora de Veracruz, es justo señalar lo siguiente:
Me indigna ver cómo un profesor puede ser señalado públicamente por algo tan grave sin que, al menos hasta donde se ha hecho público, se presenten pruebas que permitan sostener la acusación. Y lo digo como profesor.
Quienes estamos frente a un grupo sabemos lo difícil que se ha vuelto ejercer esta profesión. Cada actividad que diseñamos, cada instrucción que damos y cada dinámica que proponemos tiene como único propósito que nuestros alumnos aprendan. Yo no entro a un salón pensando en cómo hacerle daño a un alumno. Pero sí lo hago pensando en qué tendré que hacer para explicarles el tema del día. Porque yo soy de los que se paran de cabeza, si es preciso, para que algo les quede claro a mis alumnos.
Sin embargo, ahora parece que también tendré que preguntarme si una actividad será malinterpretada, si alguien se sentirá ofendido, si un padre de familia decidirá que detrás de una instrucción existe alguna intención que jamás estuvo ahí o si, de pronto, terminaré expuesto públicamente por algo que hice dentro de mi espacio de trabajo. Y, dadas las circunstancias, creo que no soy el único con este temor. Y aquí hay algo que me parece todavía más preocupante:
¿En qué momento una acusación se convirtió en una prueba?
Si un profesor cometió algo que constituye un delito, que se investigue. Sobre todo si se trata de atentar contra un menor. Es algo que no tolero.
Si existen pruebas, que se presenten.
Si alguien tiene elementos para demostrar una conducta ilegal, que los lleve ante las autoridades correspondientes.
Pero si no hay pruebas, ¿por qué debemos aceptar automáticamente la acusación como la única verdad?
Cuando la acusación se convierte en sentencia
Porque este problema no se limita a un profesor. Hoy alguien puede decir: “Ese maestro hizo algo contra mi hija”. Otro puede decir: “Ese político es narco”. Otro puede decir: “Esa persona cometió tal delito”. Y parece que basta con decirlo.
¿Y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Parece de risa loca, pero ahora la pregunta no es “¿y dónde está el policía?”. Ahora es, o al menos así debería serlo: “¿y dónde están las pruebas?”
No estoy defendiendo a un político ni a una madre que haya hecho una acusación. No estoy en contra de ninguno de los antes mencionados. Tampoco pretendo determinar desde fuera quién tiene la razón en un caso que debe investigarse, y solo por las autoridades competentes. Estoy defendiendo algo mucho más sencillo:
El derecho de cualquier persona a no ser condenada públicamente únicamente porque alguien decidió señalarla.
El derecho a no ser condenado sin pruebas
Porque si una acusación es cierta, las pruebas deberían poder sostenerla. Y si no puede sostenerse, entonces también debería existir una consecuencia para quien acusa irresponsablemente. De lo contrario, cualquiera puede destruir la reputación de otra persona con unas cuantas palabras y después simplemente continuar con su vida.
¿Narcopolítico? Pruébalo. Si no puedes sostenerlo, ¡TAMBO!
Acusar a un profesor también tiene consecuencias
“El maestro dejó una actividad que atenta contra mi hija”. Pruébalo. Si no puedes comprobarlo, ¡TAMBO!
En este caso en específico, queda de manifiesto que quien acusa jamás ha tomado un libro entre sus manos. Y debería hacerlo, si no para cultivarse, al menos para saber qué es lo que su hija verá en clase y ahorrarse el ridículo nacional.
Pero, sobre todo, para ahorrarles a los acusados el mal sabor de boca solo porque cree que el único fin que tiene un croquis es saber cómo llegar a la casa de la alumna a la que se va a violentar. Ridículo. Está comprobado que la mayoría de quienes abusan de los menores son familiares cercanos o personas cercanas a los niños por la naturaleza de su profesión, pero no necesariamente profesores. Y, sobre todo, no les piden un croquis. Por duro que parezca, piden otras cosas y, para desgracia del menor, cuando esto sucede, los padres o tutores no se dan por enterados.
¿Acusar sin pruebas? ¡TAMBO! ¿Difamar y luego hacerse el desentendido? ¡TAMBO! ¿Destruir una reputación para después seguir como si nada? ¡TAMBO, TAMBO y TAMBO!
Tampoco se trata de ponerme del lado de nadie por la simple y sencilla razón de hacerlo. Se trata de entender que la libertad de hablar también debería venir acompañada de responsabilidad por lo que decimos. Y quizá muchos no pensamos en esto hasta que le ocurre a alguien cercano. Hasta que el señalado es un amigo, un familiar, un compañero o nosotros mismos. Solo hasta entonces preguntamos: ¿y las pruebas? Y es que eso es algo que deberíamos preguntar desde el principio. Se trate de quien se trate.
Una sociedad en la que cualquiera puede acusar a cualquiera sin tener que demostrar nada termina convirtiendo la acusación en una sentencia. Y eso, independientemente de quién sea el acusado, debería preocuparnos a todos.
¿Y por qué digo todo esto? Porque yo soy profesor. Y sé perfectamente que detrás de una actividad que preparo, de una instrucción que doy y de cada minuto que paso frente a mis alumnos, hay un propósito muy distinto al que las personas sin quehacer y sin oficion ni beneficio podrían imaginar:
que aprendan.